Piñera enfrenta nuevo escándalo por embajador vinculado a la Operación Cóndor

30 de Junio de 2010

Alberto Labbé tendrá que declarar en calidad de inculpado

El diplomático y hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se hizo cargo a fines de mayo de la legación chilena en Panamá. Sin embargo, la jueza Raquel Lermanda resolvió que debe comparecer por sus vínculos con el ex agente de la DINA y único condenado del caso Prats, Enrique Arancibia Clavel, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires. El diputado Tucapel Jiménez dijo que la comisión de DD.HH. de la Cámara ya acordó pedir al Ejecutivo su destitución. [Actualizada]

por El Mostrador

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El recientemente nombrado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, fue citado a declarar como inculpado en el juicio que se sigue por la denominada “Operación Cóndor”.
La citación de Labbé, un diplomático de carrera de cuyo nombramiento en Panamá se informó oficialmente el pasado 28 de mayo por la Cancillería, fue emitida por la jueza Raquel Lermanda, que reemplazó en el juicio al magistrado Víctor Montiglio a petición de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para asesinar opositores en los años 70 y 80.
Alberto Labbé fue señalado por varios testigos de los casos de chilenos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet detenidos y hechos desaparecer en Argentina, Paraguay y Brasil desde 1975, cuando el diplomático era segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.
Abogados de derechos humanos comentaron que Labbé, hermano del alcalde del Municipio de Providencia y ex coronel del Ejército Cristián Labbé, envió por valija diplomática, una lista con información de chilenos que vivían exiliados en Argentina.
Según las fuentes, la información le fue entregada por Enrique Arancibia Clavel, un agente de la DINA, la policía secreta de Pinochet, que años después fue condenado en Argentina por su participación en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
Arancibia Clavel vivía en un exilio no oficial en Buenos Aires por haberse implicado también en el asesinato de antecesor de Prats en la comandancia del Ejército chileno, René Schneider, ocurrido el 25 de octubre de 1970.
Aunque no se especificó cuando Alberto Labbé Galilea viajará a Chile para declarar, se informó de que la jueza Lermanda ha solicitado su presencia para saber cual fue “realmente” el papel que cumplió en la sede diplomática de Buenos Aires.
El listado enviado desde Buenos Aires por Labbé finalmente terminó en manos de la Dina.
Según informaciones entregadas por agrupaciones de derechos humanos, se estima que en Argentina, donde cientos de chilenos se exiliaron, desaparecieron unos 70 de ellos, desde la instauración de la dictadura militar en Chile.

Reacciones

El canciller Alfredo Moreno, consultado al respecto por la radio Bío Bío, se mostró sorprendido con la noticia y aseguró  que no tenía antecedente alguno de la situación que enfrentaba el diplomático.
“No conozco la información de la cual me están hablando, así que difícilmente le puedo dar una reacción”, dijo escuetamente el secretario de Estado.
En tanto y en declaraciones a la misma emisora, el diputado del PPD Tucapel Jiménez, quien integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que dicha instancia ya acordó pedirle al gobierno  la salida de Labbé.
“Hemos aprobado como comisión pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que destituya de inmediato a este embajador, porque creo que no podemos tener un embajador que representa a todos los chileno llamado a declarar como inculpado en un caso tan grave como es la operación Cóndor”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapearecidos (AFDD), Lorena Pizarro, manifestó su molestia por el hecho que sigan apareciendo en distintos cargos personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
“Esta es una costumbre que está siendo demasiada costumbre, y uno se pregunta hasta cuando vamos a ir descubriendo,  como con un cuentagotas, a  sujetos que ocupan responsabilidades en el aparato del Estado vinculados a crímenes contra la humanidad”, sostuvo.



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