Relación de las Ültimas Noticias en Derechos Humanos

¿Qué relación puede haber entre la campaña publicitaria para el reconocimiento masivo de detenidos desaparecidos, la aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, y el Indulto Presidencial Masivo del Bicentenario?

Para nosotros, los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que hemos sobrevivido durante 37 años a este desastre emocional, político y social, nos resulta perceptible, por experiencia, una relación casi premeditada que siempre nos lleva al camino del “Nunca Jamás”.

¿Será que vamos a guardar muestras de sangre para el día que los detenidos desaparecidos aparezcan?, ¿si los que han aparecido es solo por la acción de búsqueda que hemos desarrollado nosotros, con la más absoluta carencia de recursos y apoyo del Estado y de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes saben donde están y son quienes los hicieron desaparecer? Esta duda se responde a si misma con la necesidad de invertir el orden de las acciones que nos podrían llevar a un final acorde a lo que esperamos en relación a una política de derechos humanos y reparación al daño sufrido por el genocidio cometido, o sea, primero tenemos que realizar una campaña de búsqueda, como esas humildes y arriesgadas campañas clandestinas que realizamos en dictadura, que nos llevaron a hallar a los nuestros a lo largo del país, campañas que esperábamos haber oficializado después del año 1990 y que hasta ahora esperamos, más allá de tantas madres y familiares que han envejecido y han muerto en la tortura de esperar. En conclusión, es muy difícil que este muestreo responda al problema de fondo, y muy lejos de las expectativas que produce en los familiares solo servirá para identificar los restos que hemos hallado y durante tantos años esperan en la morgue de Santiago. Entonces, lo importante, lo gravitante, sería que luego de este muestreo masivo, venga un programa de búsqueda que en justicia exija al Ejército, a la Marina, a la Aviación y a Carabineros, la entrega de los restos de las víctimas de desaparición forzada, que ellos esconden como instituciones.

Luego -¿La aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas nos lleva a ese objetivo?- lo ideal es que así sea, pero, esta ley solo se refiere y apunta a la regularización de asuntos patrimoniales y civiles relacionadas con bienes y herencias de los detenidos desaparecidos, y aún así, los culpables del crimen masivo, golpistas y militares que actualmente son miembros del senado no la aprueban por el solo hecho de referirse a “Desaparición Forzada de Personas”, cosa que ellos hasta hoy niegan, con la más eficiente y lúcida mentalidad criminal.

Finalmente, el Indulto Presidencial Masivo del Bicentenario, nos parece un presagio de indulto para los criminales de nuestros familiares ejecutados y detenidos desaparecidos, porque si estamos hablando de ancianos condenados que están enfermos y merecen, en virtud de su edad y dolencias, pasar los últimos momentos de sus vidas junto a sus familiares como una manifestación piadosa de la sociedad vigente, que apela a cuestiones religiosas y cristianas fundamentalmente, los acusados y condenados por las causas judiciales que hemos llevado adelante a pesar de tantos obstáculos, se han hecho viejos , enfermos al parecer, y han apelado a la pérdida geriátrica de la memoria.

La relación que existe entonces entre estas tres noticias que han circulado simultáneamente en la farándula nacional de los derechos humanos, es que producen el mismo sentimiento de incredulidad depresiva en torno a la posibilidad de hallar a nuestros detenidos desaparecidos, llegar a la verdad de los hechos y aplicar la justicia necesaria para no repetir, quizás dentro de los próximos cien años de nuestra Nación un nuevo genocidio; porque en el Centenario de 1910, también el Gobierno dictó una Ley de Amnistía o Indulto para los presos políticos, los exiliados, los prófugos y los desertores del ejército en la Gran Huelga de 1907 en Tarapacá, quienes, con la más absoluta impunidad del Estado, fueron acusados y condenados por la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Genocidio cometido en esa época, a pedido y en beneficio de los intereses económicos del Imperio Británico.

Felizmente, hemos desarrollado la práctica de la Recuperación de la Memoria Histórica, que en base a relatos, causas judiciales y vivencias, ha ido configurando nuestra verdad, la que nos llevará al Juicio Histórico que ineludiblemente nos dará la razón, y condenará a los culpables, a pesar de la impunidad impuesta por el poder político y económico de los genocidas, que en este Bicentenario seguramente volverán a ser encubiertos.

Angélica Palleras Norambuena

Hermana de Adolfo Palleras N.

Ejecuta en tortura por la Caravana de la Muerte

Copiapó, octubre de 1973

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Víctor Jara Exige Justicia

Hoy le toca a Víctor Jara ser el que aparece en huesos ennegrecidos para decirnos que solo la perseverancia de sus familiares ha permitido avanzar milimétricamente en la verdad y en la justicia respecto a su crimen, cometido por una dictadura fascista y básicamente por un sector político que hasta hoy día, 35 años después, goza de los beneficios que esta dictadura les trajo.

“Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la tarde, por todo el país, martillo de justicia, martillo de verdad, martillo de castigo y de nunca más”…es lo menos que podemos cantar en estos momentos junto a Víctor Jara, golpeando por ejemplo al nazi criollo que días atrás aseguró que lo sucedido a la Presidenta Michelle Bachelet no se compara a lo sucedido con Ana Frank, quien murió en un campo de concentración, porque aquí esta Víctor, mostrándonos que murió en iguales circunstancias de espantoso dolor y en un exterminio que todavía no es castigado.

Con este golpe de verdad podemos golpear a la diputada nieta de torturador que escandalizada reclamó por los falsos desaparecidos que le indicó el Mamo Contreras, jefe de la Gestapo nacional, la DINA, incluyendo entre ellos a los familiares detenidos desaparecidos de Anita González, que son cinco, y de paso golpear a los que dicen que debemos dejar el pasado atrás y construir futuro, olvidando de ahora en adelante lo ocurrido ya hace tantos años.

Víctor Jara nos viene a recordar que no avanzaremos un paso mientras no seamos capaces de derrocar a la impunidad, que tiene atada a la justicia con las mil formas que tienen los culpables para protegerse, empezando por la ley de amnistía de Pinochet, pasando por la actitud poco decente del Ejército de Chile que aún tiene en sus filas y defiende a los asesinos y concluyendo con los castigos de “libertad vigilada” que se le esta dando a los culpables en los juicios de Derechos Humanos.

Si hay algo en lo que no nos igualamos con el exterminio nazi, es en que el Hitler chileno murió de viejo, con honores, y en nuestro país conservó el respeto político, social y militar mientras vivió, lo que se nos impuso con acuerdos que pasaron por sobre todos los torturados, los desaparecidos, los martirizados, las fosas comunes y el impacto traumático que este exterminio significó para todos los chilenos.

Desde ese momento nos dividimos entre los que estamos con los muertos y los que están con los asesinos; en un Chile que se sigue buscando, excavando y exhumando la verdad, mientras ellos, los asesinos, antiguos militantes gremialistas que antes del golpe militar rayaron todo el país anunciando con un ¡YAKARTA VA!, que venía la ¡Noche de los cuchillos largos!, que Himmler inició en Alemania, luego se practicó en Yakarta y que en ese momento venía para nosotros.

Entonces, por decisión de los que participaron activamente de la dictadura, de los que mataron con mano ajena y se hicieron los lesos con la sangre que corría por debajo de sus negocios y robo de nuestro patrimonio económico estatal, se desató esa gran noche de los cuchillos largos que duró 17 años y nos dejó con un deshumanizado y criminal modelo neoliberal, del que hoy día se enorgullecen y dicen que si bien no están de acuerdo con los excesos cometidos en Derechos Humanos, debemos reconocer que este progresista sistema fue instaurado por el gobierno militar que ellos avalan.

Víctor Jara hoy nos viene a recordar la verdad y exige justicia, como tantos otros que a veces regresan de su desaparición forzada, y casualmente, es un simple conscripto el que nos está llevando a los hechos con declaraciones que develan el manto nebuloso de encubrimiento concertado que se ha desplegado sobre los crímenes, casualmente, como en Copiapó, donde los conscriptos y clases nos dijeron como y donde habían matado a los presos en octubre de 1973: al interior del regimiento, con corvos, cuchillos, golpes de culatas y de bolas de plomo que colgaban de cadenas, y no como declara un oficial que se culpa de todo diciendo que los baleó por la espalda al reducir un intento de fuga en la carretera. Lo notable es que sacamos a nuestros muertos de la fosa común en 1990 y estaban mutilados con corvos, cuchillos y golpes, sin embargo, solo a fines del año pasado, mediante una declaración hecha ante el juez Montiglio pude entregar pruebas de que mi hermano, Adolfo Palleras, fue masacrado y que no tenía balas; ante lo cual pregunto: ¿Habrá que exhumar sus restos para comprobar que él y las restantes víctimas de la Caravana de la Muerte en Copiapó no fueron fusilados por un solo hombre en un intento de fuga?

En este Chile Insólito, como lo llama Máximo Kinast, seguimos sobreviviendo, con un Parlamento de Congresistas cómplices criminales que se atreven a poner en duda la inocencia de los muertos, porque eran comunistas y la causa era esa, exterminar esa ideología.

Sobrevivimos a diario, en medio de la impunidad, la corrupción y la administración de la pobreza heredada por la dictadura… y con el regreso de Víctor Jara, que esta vez nos golpea con su verdad.

Angélica Palleras N.

Hermana de Adolfo Palleras N.

Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte en Copiapó.

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Aprueban ley que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio

http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=35292

Publicado el 06 de mayo del 2009

La futura ley, originada en moción de senadores y aprobada por la Cámara con 93 votos afirmativos, define como crímenes de lesa humanidad a los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como una política del Estado o de sus agentes, de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.

Respecto del genocidio, la normativa señala que comete este delito el que, con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal, realice cualquiera de los siguientes actos:

- Matar a uno o más miembros del grupo;
- Causar a uno o más miembros del grupo un menoscabo grave en su salud física o mental;
- Someter al grupo a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física, total o parcial tales como la privación del acceso a alimentos o medicinas;
- Aplique medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o
- Traslade por fuerza a menores de 18 años del grupo a otro grupo, o se les impida regresar a aquél.

El proyecto de ley (Boletín 6406) quedó en condiciones de ser remitido al Gobierno para su promulgación.

Lesa humanidad

En tanto, la moción de diputados (Boletín 6422) que declara imprescriptibles y no susceptibles de ser amnistiados los delitos contra los derechos humanos, fue aprobada por 61 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones.

El proyecto fue remitido al Senado a segundo trámite, aunque algunos diputados de oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional por cuanto el texto ingresó por la Cámara y fue aprobado con quórum de ley simple y no con el que correspondería, de quórum constitucional.

La moción dispone que no se podrán aplicar las normas sobre amnistía o prescripción cuando, según las reglas del derecho internacional, se refiera a hechos que configuren delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad o de guerra.

De esta manera se entienden comprendidos los tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes, así como las reglas en tratados o convenciones que englobe las obligaciones internacionales del Estado Chileno (por ejemplo; Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto de San José de Costa Rica). Asimismo, comprende los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Por otro lado, la norma interpretativa dispone la inaplicabilidad de la denominada prescripción gradual de la pena o media prescripción establecida en el art. 103 del Código Penal, porque el Estado no puede ocupar en su propio beneficio estas garantías, cuando se trata de sancionar crímenes perpretados por sus agentes o particulares que actúan a nombre de éste, pues significaría una ampliación de sus actuaciones arbitrarias (delictivas), lo que es contrario al Estado de Derecho y el Derecho Internacional, señala en sus fundamentos el proyecto de ley que se votará en primer trámite constitucional.

Miércoles 6 de Mayo de 2009

• editor@congreso.cl

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La ONU reclama a Chile que derogue la ley de amnistía de la dictadura

Agence France-Presse - 4.5.2009 17:24

4 de mayo de 2009, 01:32 PM

GINEBRA (AFP) - El Comité contra la Tortura de la ONU pidió a Chile abolir la ley proclamada en 1978 por el régimen del general Pinochet para amnistiar los crímenes de la dictadura, en un debate iniciado este lunes en Ginebra con una delegación chilena presidida por el viceministro de justicia, Jorge Frei.

"La vigencia de la ley de amnistía es incompatible con la Convención contra la tortura", indicó el ecuatoriano Luis Benigno Gallegos Chiriboga, uno de los 10 expertos de este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de la citada Convención.

"La democracia chilena ya es suficientemente fuerte para resolver ese problema", señaló el experto español Fernando Mariño Menéndez.

"Hay que ponerle un punto final a la amnistía; la impunidad es una continuación de la tortura", insistió la experta noruega Nora Sveaas.

"La vigencia de la ley de amnistía crea un conflicto de normas, ante la obligación de respetar la Convención internacional contra la tortura", dijo el experto senegalés Abdoulaye Gaye, refiriéndose a que el derecho interno debe someterse a la exigencia de un tratado internacional reconocido por Chile.

"Chile debe retirar esa ley de amnistía", recalcó la experta chipriota Myrna Kleopas.

Adoptada en 1984, la Convención contra la tortura entró en vigor en 1987, y fue ratificada por 146 Estados, que renuevan periódicamente un Comité de 10 expertos independientes.

Estos tienen por misión examinar el respeto de la convención, convocar a los gobiernos a exámenes periódicos, por lo que ahora le toca el turno a Chile.

Los expertos parecieron no darse por satisfechos con el discurso pronunciado previamente por el viceministro Frei, al afirmar que su país "ha sido capaz de encarcelar a los jefes de inteligencia de la dictadura, y a los principales autores intelectuales y materiales de los crimenes más graves".

Sin embargo, Frei admitió que "aun subsisten temas pendientes y elementos que deben ser perfeccionados".

Un diplomático chileno precisó a AFP al concluir la discusión que la ley de amnistía ha dejado de aplicarse de hecho desde 1998.

La delegación chilena deberá responder mañana a las inquietudes formuladas por los expertos, que se extendieron a otros problemas, como la presunta criminalización de las movilizaciones de los indios mapuches que reivindican tierras.

El Comité quiere también abordar las cuestiones de la detención preventiva incomunicada, que en Chile puede durar hasta 10 días, el supuesto uso de información a nivel judicial de confesiones arrancadas a detenidos bajo tortura y el reclutamiento de mercenarios por empresas privadas de seguridad extranjeras.

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Fallos contradictorios en casos de violacion de derechos humanos en Chile

La Corte Suprema contra la Clase Política

por Amado de Mérici (Chile)

jueves, 14 de agosto de 2008 http://www.piensachile.com/content/view/4494/1/

La renovada discusión sobre derechos humanos y derecho internacional no ha empezado con la detención del ex fiscal Podlech. En realidad, pocos conocíamos a este señor cuando la Corte Suprema, hace unos meses, ordenó realizar un estudio técnico, a cargo de los ministros Sergio Muñoz y Héctor Carreño, después de constatar los fallos contradictorios en casos de violación de derechos humanos. La intención del nuevo presidente de la Corte Suprema, Milton Mujica, era uniformar la legislación al respecto “pues de no resolverse pueden seguir sucediendo casos contradictorios, es decir, algunos en que se falle según el derecho internacional y otros en que se absuelva a los acusados basados en el derecho penal” (La Nación). Nada he visto en la prensa sobre este informe, que debía estar listo para marzo de este año. Pero sigue siendo una tarea urgente introducir en la legislación chilena la tipificación de los delitos de violación de los derechos humanos que cubre la Corte Penal Internacional y algunos otros que podríamos sugerir para tipificar como delito grave, en el caso del personal militar y policial, tanto dar como obedecer una orden claramente atentatoria contra los derechos humanos, facultando a los subalternos para eliminar si no hubiese otro remedio a los oficiales y suboficiales que ordenasen la ejecución de secuestros, torturas y homicidios y otros crímenes de ese tenor. Por lo que ha ocurrido en los últimos meses, parece claro que la clase política en su conjunto no ha entendido ni el propósito ni la urgencia del presidente de la Corte Suprema. Es impresentable que el gobierno, uno de cuyos deberes es garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos (“la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, dice la Constitución), tolere que en el país se dicte justicia con dos varas distintas, una apegada al espíritu de la ley y otra, la que representa el juez Pfeiffer, preocupada dejar impunes los crímenes cometidos por los militares y otros criminales civiles que defiende. Ciertamente incurre el gobierno en lo que llamamos abandono de deberes, pues deja en la indefensión a ciudadanos que debiesen en realidad contar con su protección. Es lo que comúnmente se llama denegación de justicia. Es evidente que el gobierno no logra conciliar su indiferencia, o peor, con respecto a las violaciones de los derechos humanos pasadas y presentes, con su posición como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es simplemente monstruoso que en estos precisos momentos esté Chile en el banquillo de los acusados, entre otros casos, por denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa de Claudio Lecaros Carrasco, autor de innumerables asesinatos de ciudadanos chilenos que fue favorecido por un fallo aberrante de la Sala Penal de la Corte Suprema en el que participaron conocidos encubridores pinochetistas (José Fernández Richards y de los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura; en La Nación del 14 de noviembre de 2007 y la edición del 14 de noviembre del mismo año). Estos jueces mismos debiesen ser llevados a justicia, dentro o fuera de Chile. La clase política en su conjunto, con escasas y loables excepciones, prefiere ignorar el clamor de las víctimas y continuar con la actual política de dejar en la impunidad a los criminales amparándose en la imaginaria autonomía de los poderes del estado. La corrupción moral pinochetista está todavía presente todo el aparato estatal y amenaza con extenderse hacia los propios partidos de la Concertación, donde personajes como el ex presidente Lagos son declarados partidarios de la impunidad. Hace algunas semanas tuvo el Senado la oportunidad de avanzar en el sentido que ha sido expresado por el presidente de la Corte Suprema, y uniformar las sentencias chilenas sobre casos de delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad o de derechos humanos y de adaptar la legislación nacional al derecho internacional, se hayan o no firmado los tratados y pactos pertinentes. A principios de junio de este año, la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunciaba precisamente que el ex senador concertacionista Adolfo Zaldívar, en su aberrante calidad de presidente del Senado, rechazara tratar un proyecto de ley que prohibía la aplicación del decreto de amnistía de Pinochet a autores de crímenes de lesa humanidad -que es lo que vienen haciendo varios jueces pinochetistas (en El Mercurio). Este senador, acogiendo una petición del senador pinochetista Arancibia, rechazó por inconstitucional un proyecto de ley “que impide que los crímenes de lesa humanidad y de guerra puedan ser amnistiados, prescritos por el paso del tiempo o indultados” (La Nación del 9 de junio de este año). Y esto pese a que el proyecto de ley, en cuya redacción participó el recién fallecido diputado socialista Juan Bustos, ha sido aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la comisión del Senado encargada de su estudio. Según el informe de prensa, “lo que hace el proyecto de ley es impedir que la responsabilidad penal se extinga por amnistía, prescripción o indulto, cuando se trata de este tipo de delitos”. Este debate fue comentado en la prensa en la semana anterior al 10 de junio, cuando se debatió y rechazó en el Senado este proyecto que reinterpretaba el artículo 93 del Código Penal y excluía de amnistía, prescripción o indulto a los autores de delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad. En el Chile de hoy apenas si sorprende encontrar en el listado de los senadores que prefirieron continuar amparando a los criminales pinochetistas a los senadores Fernando Flores (al que un semanario llamó ‘Cerdo Traidor’), Adolfo Zaldívar, Carlos Bianchi y el ex presidente Eduardo Frei. Los otros senadores que rechazaron el proyecto fueron Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Antonio Horvath, Carlos Kutschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Waldo Prokurica y Sergio Romero (en La Nación). De los impredecibles y volátiles senadores Flores y Zaldívar se podía esperar en realidad cualquier cosa, incluso que se unieran a la extrema derecha, con la que venían coqueteando desde hace algún tiempo, pero el voto de Frei causó sorpresa universal. Hasta el momento, sin embargo, el senador y ex presidente no ha ofrecido ninguna explicación pública por su repentino giro hacia la bancada del terror. La senadora Alvear, profundamente decepcionada, prefirió creer que fue un error involuntario (en La Nación). Y cuando el periodista Matías del Río tuvo al senador a tiro para esas fechas en su programa ‘Tolerancia Cero’, del canal Chilevisión, prefirió curiosamente interrogarle sobre la inmortalidad del cangrejo. Cuesta creer que sea El Mercurio el que esté llamando a esos mismos políticos -que prefirieron archivar un proyecto clave para adaptar la legislación nacional a la internacional- a desandar camino y legislar finalmente sobre derechos humanos, como un paso previo a la ratificación del Estatuto de Roma. Con el polvo levantado por la detención del ex fiscal militar en España y posterior extradición a Italia, donde ha negado los cargos, El Mercurio y políticos de Renovación Nacional han manifestado un curioso interés en abordar nuevamente el tema de la ratificación de la Corte Penal Internacional. Los políticos de RN han concluido una reunión declarando que el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, tiene interés en iniciar un diálogo con el gobierno sobre esta materia (en La Tercera Según El Mercurio, el candidato presidencial “está interesado en abordar fuerte el tema [de la ratificación del Estatuto de Roma, vale decir, de la Corte Penal Internacional] y hacerlo parte de su programa de gobierno”. Probablemente inspira a ambos el temor de que persistir en la postergación de la ratificación deja a los acusados de crímenes de derechos humanos en Chile sin recursos jurídicos con los cuales impugnar esas acusaciones en el extranjero. Según un editorial de El Mercurio, el Estatuto de Roma debiese ser aprobado pues “de lo contrario, se le estaría dando una competencia directa a la CPI, impidiendo que nuestros tribunales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre estos graves delitos". Y en los tribunales chilenos, donde actúan hienas pinochetistas de la calaña del juez Alfredo Pfeiffer, tienen esos acusados muchas más posibilidades de quedar impunes que en el tribunal internacional. Cuando la Corte Suprema encargó ese estudio, solicitó de paso a la clase política que actuase para reformar la legislación chilena en conformidad con el derecho internacional. La derecha viene obstaculizando estos proyectos desde hace un buen tiempo y no es probable que abandone la defensa de sus matones, a menos que ahora, como lo señala el editorialista de El Mercurio, recupere la razón y advierta que su testaruda oposición al tribunal penal internacional acarreará a sus criminales peores consecuencias que su aceptación. La Corte Suprema ya se los había advertido. [mérici]

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NO A LA AMNISTÍA DE PINOCHET

Luego de haber estado durante un año y cuatro meses en la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el Proyecto de Ley 4162-07, iniciado en moción de los senadores Girardi, Letelier, Navarro y Ruiz-Esquide, el que declara la nulidad del decreto ley de auto amnistía N° 2.191, de 1978, pasó el 14 de agosto del presente año a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Sin informes, sin oficios, sin indicaciones y sin urgencia.

El Proyecto de Ley que declara la nulidad de la auto amnistía de Pinochet, en estos momentos está en manos de los Senadores Nelson Ávila, Andrés Chadwick, Carlos Kuschel, Jaime Naranjo, Adolfo Zaldivar y Juan Pablo Durán, quienes tendrán que analizar lo que significa mantener en vigencia una amnistía que se contradice en lo más fundamental con el espíritu, motivo y razón del origen histórico de la amnistía, y que pone a nuestro país en el banquillo de los que no tienen moral para enfrentar los dictámenes que van en contra de la protección de los derechos básicos de la humanidad, como es el derecho a la justicia y al castigo de los que cometen crímenes masivos de lesa humanidad.

Esperemos que la Comisión de DD.HH del Senado no tarde un año como lo hizo la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para deshacerse del proyecto sin haber emitido informes, oficios ni indicaciones.

Para estar informados sobre el desarrollo de este proyecto, pulsar en:

http://sil.senado.cl/pags/index.html Boletín 4162-07


Angélica Palleras N.

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Corte Suprema no aplica Decreto Ley de Amnistía

Decisión de la Corte Suprema de no aplicar el Decreto Ley de Amnistía

a brigadier (R) Pinto Pérez

La Corporación de Promoción y Defensa de los derechos del Pueblo -CODEPU-, ante la decisión de la Corte Suprema de no aplicar el Decreto Ley de Amnistía en el caso por el homicidio de Manuel Rojas Fuentes y que finalmente permite continuar la investigación criminal, a efectos de determinar la responsabilidad penal del brigadier (R) de Ejército Víctor PINTO PÉREZ, expresa a la opinión pública lo siguiente:

1.- El 7 de diciembre de 1973 fueron asesinados Manuel Tomás ROJAS FUENTES de 20 años de edad, casado, reservista de la Escuela de Infantería de San Bernardo y Juan Domingo MARTINEZ ALDANA, de 42 años, dirigente de la Confederación del Cuero y el Calzado.
Manuel Rojas, después del 11 de septiembre, fue llamado a reincorporarse a la Escuela de Infantería de San Bernardo por su calidad de reservista del Ejército, siendo destinado al Politécnico Militar de esa ciudad, junto con René Martínez, hijo de Juan Domingo Martínez Aldana. El día 1 de diciembre, Rojas no regresó a su casa. Su cónyuge consultó en repetidas ocasiones en el Politécnico por su marido, siéndole indicado permanentemente que se encontraba en “comisión de servicio”. Sin embargo, en enero le fue comunicado oficialmente, por la Comandancia del Regimiento de Infantería de San Bernardo, que había sido fusilado el 7 de diciembre de 1973. (Comisión Verdad y Reconciliación)
Manuel Rojas y Juan Martínez fueron ejecutados al margen de todo proceso por efectivos del Ejército en violación de sus derechos humanos, en el contexto de la política de exterminio llevado a cabo por la dictadura militar. Se encuentra acreditado que en ambos casos intervinieron personal del Regimiento de Infantería de San Bernardo, y como consecuencia de la investigación judicial se ha determinado la responsabilidad penal del ex director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Víctor Pinto Pérez, Brigadier en retiro del Ejército, quien se encuentra además condenado por el homicidio del dirigente Sindical Tucapel Jiménez.


Víctor Pino Pérez, por el homicidio del joven militar, fue sobreseído por la jueza María Estela Elgarrista, quien en su calidad de jueza instructora de primera instancia, decidió aplicar el Decreto Ley de Autoamnistía, fallo que afortunadamente fue revocado por la unanimidad de la sala penal de la Corte Suprema.

2.- La decisión unánime de la sala Penal de la Corte Suprema, se ajusta plenamente a Derecho, al reconocer validez y supremacía a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y del derecho humanitario. Ello viene en consolidar una jurisprudencia garantista de los derechos fundamentales, que ha negado todo valor a instituciones excluyentes de responsabilidad penal, al declarar inamnistiables e imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, lo que coadyuva positivamente a erradicar la impunidad respecto a los horrorosos crímenes perpetrados por agentes del estado en nuestro pasado reciente.

3.- Con todo, el reciente fallo da cuenta de la subsistencia de un problema no resuelto, cual es, la vigencia de la legislación de facto que amnistía a los violadores de derechos humanos.


Codepu al respecto, reitera que, la legislación de facto y su vigencia en el ordenamiento jurídico, constituye en sí misma una grave violación a las obligaciones internacionales, de prevención y protección, particularmente a lo dispuesto en el Art. 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y otros instrumentos internacionales de los que Chile es signatario.

Los gobiernos de la transición, sistemáticamente han eludido pronunciarse sobre la vigencia de la amnistía y han señalado reiteradamente que son los tribunales de justicia los encargados de aplicar o no el referido Decreto Ley. El ex presidente de la República Ricardo Lagos, eludiendo un pronunciamiento sobre la legitimidad del DL de Amnistía sostenía los siguiente, "En consecuencia, mi gobierno no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los procesos, ya sea porque son propuesta moralmente inaceptables, o bien jurídicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales la interpretación respecto de la ley de amnistía" “No hay mañana sin ayer”; Pág. 13.

Hoy 15 de marzo de 2007, el Gobierno de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde es examinado e interrogado sobre este tema, insiste en la correcta interpretación dada por los tribunales de justicia en esta materia, excusándose por esa vía de la falta de voluntad política, que ha predominado durante estos 18 años de transición, por terminar con los vestigios de impunidad heredados de la dictadura militar.

El argumento que se ha esgrimido para la falta de iniciativa en esta materia se sintetiza en lo siguiente: “la derogación o Declaración de nulidad de la ley de amnistía por la vía legislativa puede presentar mayores obstáculos jurídicos que el interpretar jurisprudencialmente que las normas internacionales deben ser preferidas por sobre las internas y que por ello deben primar en su aplicación […]. En efecto, si se declara la derogación o nulidad de la ley de amnistía ello no solucionaría a lo menos en el plano interno la pugna con la norma de rango constitucional que obliga a aplicar la ley más favorable al reo y no establecer la incriminación o castigo de conductas con efecto retroactivo”[1][1].


Esta actitud, de dejar entregada al poder judicial la aplicabilidad o no de la auto amnistía, es no asumir el compromiso democrático por efectivamente terminar con todo vestigio de impunidad, y entraña el peligro de que dicho criterio jurisprudencial, al no tener carácter vinculante, el día de mañana cambie, varíe, porque por último, siempre queda al arbitrio de la convicción doctrinaria a la que adscriba el juzgador.

Codepu insiste que, la existencia del DL de Amnistía debe ser objeto de revisión legislativa y reitera que el Estado Chileno, está en la obligación, ética y jurídica, de adecuar su legislación interna a los estándares y compromisos internacionales de que es signatario y lo más importante, hacer honor a las miles de víctimas respecto de las cuales aún no hay garantías plenas de acceso efectivo a la justicia.

Viviana Uribe T.

Secretaria Ejecutiva

Federico Aguirre M.

Programa Protección y Asistencia

CODEPU, 5 de Marzo del 2007

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