Amnistía de Pinochet

http://amnistiadepinochet.blogspot.com/2006/06/decreto-ley-n-2191-de-1978-la-amnista.html

Chile se humilla ante el mundo

"El respeto no proviene de la anuencia y las genuflexiones sino que es otorgado a quienes actúan de acuerdo a sus convicciones".

Raúl Sohr

La Nación
Viernes 19 de enero de 2007

Una vez más, Chile postergó la ratificación de su adhesión al Tribunal Penal Internacional (TPI). El Gobierno debió aplazar el voto por la oposición de los parlamentarios de la Alianza. Los partidos de derecha señalan que la ratificación causará fricciones con Estados Unidos. En efecto, Washington sanciona a los países que no son sus aliados directos como los europeos miembros de OTAN. O le firman una cláusula que exime a todo ciudadano norteamericano de ser acusado ante el TPI o se suspenden ciertas ayudas y franquicias en el campo de la defensa. Aceptar este condicionamiento constituye ya una severa erosión de la soberanía nacional.
Es desconcertante que quienes mantienen un discurso “patriótico” y, a menudo, destemplado frente a países vecinos, aquellos que en forma permanente claman por la “mano dura” se muestren tan sumisos ante una situación de principios. Es claro que Estados Unidos no podrá mantener su política por mucho tiempo pues le resulta cada vez onerosa. A la larga es la Casa Blanca el que más se perjudica pues pierde influencias. Pero aún si persistiera Chile, al igual que más de un centenar de países, debería asumir los costos de su independencia política. Eso es lo que hace el ancho y la profundidad de una nación. El respeto no proviene de la anuencia y las genuflexiones sino que es otorgado a quienes actúan de acuerdo a sus convicciones.
El mundo observó con repugnancia el linchamiento de Sadam Hussein. Era obvio que en Irak no había condiciones para brindarle un debido proceso. Incluso un dictador, acusado de tantos crímenes, merece un juicio que brinde garantías de imparcialidad. Ello no podía lograrse en un país que está en medio de una guerra civil. Ya se sabe de todas las irregularidades que plagaron su juzgamiento y que culminaron con las odiosas escenas de su colgamiento. Antes, Slobodan Milosevic fue enviado a La Haya a un tribunal especial para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, donde pasó varios años sin recibir condena y falleció de muerte natural.
La globalización exige un tribunal capaz de juzgar a los responsables de genocidio y crímenes contra la humanidad. Lo óptimo es que los perpetradores enfrenten la justicia en sus propios países. Pero, se sabe, a veces ello no es posible. Para esos casos la comunidad internacional debe contar con el TPI.
Es el interés de todos los países pero en especial de los pequeños, como Chile, fortalecer el derecho y la jurisprudencia internacional. Los países latinoamericanos no pueden tomar la justicia en sus manos y tampoco les conviene que lo hagan otros. La existencia del campo de prisioneros norteamericano de Guantánamo es una afrenta para toda la humanidad. Allí se degrada a las personas y los principios más elementales de justicia. No basta con decir que Washington libra una “guerra contra el terrorismo”. Como lo plantea la Cruz Roja, “incluso las guerras tienen límites”. Todo el mundo civilizado gana con el respeto de las normas humanitarias. A fin de cuentas ello, también, es parte de la guerra contra el terrorismo y los fundamentalismos que lo alimentan.
Es una mezquindad y un cálculo cortoplacista, típico de un interés nacional mal entendido, aquel que ha llevado a frenar la plena e irrestricta adhesión al TPI. Los responsables de esta situación hacen evidente la vulnerabilidad del país ante las menores presiones externas. Cabe recordar la fortaleza mostrada por el Presidente Ricardo Lagos cuando fue conminado a respaldar la invasión a Irak. Entonces los riesgos de represalias eran mayores a las que expone la firma del TPI. Chile no solo impuso su criterio frente a una guerra, desencadenada sobre premisas falsas, sino que salió fortalecido. Su estatura internacional creció y hoy, en defensa de su soberanía y por una justicia que sancione a los genocidas, debe adherir al TPI.

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Verguenza Internacional

Como una "verguenza internacional" calificó el Vicepresidente del Senado el hecho de que Chile no ratifique el Tribunal Penal Internacional

Valparaíso 17/01/2007 Departamento de Prensa Senado de Chile

El senador Jaime Naranjo atribuyó a "la obstrucción de la derecha" la situación en que se encuentra Chile en ésta materia


El Vicepresidente del Senado Jaime Naranjo, calificó como una “vergüenza ante la comunidad internacional que Chile sea uno de los pocos países que no ha ratificado su adhesión a la Corte Penal Internacional, debido a la constante obstrucción de la derecha.

No es posible desconocer que esta -nueva demora- deteriora gravemente la imagen de Chile ante la comunidad internacional”, dijo refiriéndose a la decisión del gobierno de insistir en el tema en marzo próximo tras ser notificado por la derecha de que rechazaría la reforma que da paso a la ratificación del Tribunal Penal Internacional.

El senador Naranjo señaló que “RN y la UDI se han sacado nuevamente la careta, demostrando que para estos partidos la promoción de los Derechos Humanos es una mera consigna a ser utilizada cuando les conviene políticamente, y no un principio a defender en todo momento".

Añadió que "los chilenos esperábamos que quienes en el pasado fueron cómplices por acción u omisión de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en nuestro país, hubiesen aprendido la lección y hoy tuvieran una conducta distinta, pero lamentablemente esto no ha ocurrido".

Finalmente, el senador Naranjo expresó que “resulta lamentable que los senadores de derecha se dejen presionar por los Estados Unidos y en los hechos cedan ante las amenazas de este país de sancionar a quienes ratifiquen el Tribunal Penal Internacional.

Deben comprender que lo único que debe guiar nuestro accionar ante el TPI es nuestra conciencia, y nuestra voluntad de adherir a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo. Cualquiera otra posición es sólo una excusa inaceptable”.

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HACIA UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD

Carta Pública dirigida a la Presidenta Bachelet


Iquique, 17 de enero 2006


Excelentísima Señora
Presidenta de la República de Chile
Doña Michelle Bachelet Jeria
Palacio de la Moneda
Santiago

Estimada señora:

Deseando que tenga usted en lo personal un muy buen año 2007 y que se hagan realidad sus proyecciones de trabajo como mandataria del país, la saludo muy cordialmente y la felicito por haber logrado llegar al más importante cargo de la Nación, el que la sitúa en un lugar privilegiado entre las mujeres que figuran en nuestra historia patria, desde la Independencia hasta el Bicentenario que se avecina.

Siendo usted la figura política que entregará el mando de la Nación al Presidente de la República del Bicentenario, será también la emblemática figura moral que se hará cargo y entregará la historia resiente, no resuelta, a la próxima centuria de la Historia de Chile, no resuelta si es que no somos capaces en estos pocos años que quedan de revertir la nefasta realidad que hemos vivido en relación a la justicia y el castigo a los culpables de los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en nuestro país luego del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende.

Soy una de las tantas mujeres chilenas que hemos vivido este episodio histórico vergonzoso en el que, primero, el ejército de Chile sucumbió bajo el mando de un grupo de militares conspiradores y traidores, que al servicio de sectores políticos que no conformes con el complot, boicot y sabotaje que desarrollaron arduamente en contra del gobierno popular, decretaron por orden del imperialismo norteamericano de la época, un cobarde, horroroso y sangriento golpe de estado, luego, pasados los años de la resistencia a la dictadura, la salida acordada con amarras que hacen eterno el suplicio de la impunidad y cuatro periodos gubernamentales que la derecha política no ha logrado alcanzar, básicamente por estar comprometida e implicada con los horrores de sangre de la dictadura, hemos visto a un cautivo ejército, aún comprometido con el golpe de estado y con el más genocida, déspota y corrupto general de ejército de nuestra historia militar, bajo el burdo pretexto de haber actuado por exigencias de una guerra fría, declarando con esto, implícitamente su falta a la legalidad interna de la Nación y su sometimiento a fuerzas políticas y militares externas a la República de Chile.

Soy una de tantas mujeres chilenas que perdimos a un familiar ejecutado o desaparecido, una de tantas que perdió a sus mejores amigos y compañeros de ideales y utopías. Soy de las que nos quedamos en Chile, para luchar por la verdad, la justicia y la conservación de la memoria de todos los allanamientos, carreras y gritos de muerte en las noches, torturas y ultrajes sexuales de hombres y mujeres, robos, humillaciones y el más espantoso incentivo de la liberación de los bajos instintos de quienes quisieran colaborar con el crimen. Soy de las que creen en el castigo, la privación de libertad y privilegios de Estado para quienes cometieron crímenes de Estado, genocidio o exterminio masivo de personas y creo que solo el reconocimiento de la culpa, la petición de perdón y el cumplimiento de una penitencia nos llevarán a una reconciliación verdadera y a un nunca más seguro.

Pero si este arrepentimiento y solicitud de perdón no existe de parte de los culpables, no es coherente ni correcto que en nuestra legislación exista una ley vigente de auto perdón, elaborada e impuesta por los que cometieron los delitos y lleguemos con esta ley de amnistía al revés al Bicentenario de la Nación, como una evidencia de nuestra debilidad y sometimiento a esta impunidad impuesta por el terror y el miedo.

En el año que recién termina hemos recibido una notificación de un fallo en contra del Estado Chileno, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación del Decreto Ley 2.191 de Amnistía (http://amnistiadepinochet.blogspot.com/2006/06/decreto-ley-n-2191-de-1978-la-amnista.html), que libera de responsabilidad penal a los autores de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar durante los años 1973-1978 y teniendo un plazo determinado para responder ante la Corte Interamericana por esta aberración jurídica existente en nuestro país, me alegra que usted tenga entre sus prioridades de trabajo para el 2007, terminar con la Ley de Amnistía y dado que este anuncio lo hizo el vocero de gobierno Ricardo Lagos Weber, puntualizando que - “la discusión en este minuto está enfrascada en un debate técnico-jurídico, respecto cual es el mejor camino si hablamos de una interpretación de la misma ley, de la nulidad o derogación de la misma” – me atrevo a sugerir a usted que de todos los Proyectos de Ley presentados al Senado, cuando en otras ocasiones hemos tenido presión internacional respecto al término de la impunidad, el cumplimiento a los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos y el término del Decreto Ley 2.191, el más preciso técnico- jurídicamente es el “Proyecto de ley que declara la nulidad del Decreto Ley N° 2.191, de 1978”. Boletín Nº 4162-07 presentado por los Senadores, Juan Pablo Letelier M., Alejandro Navarro B., Guido Girardi L. y Mariano Ruiz-Esquide J. (http://amnistiadepinochet.blogspot.com/2006/07/proyecto-de-ley-4162-07.html.).

Es de mi interés terminar con este obstáculo a la justicia, impuesto por quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, ya que en lo personal, los jueces que hasta hoy han determinado la suerte de los asesinos de mi hermano han hecho uso de este Decreto Ley para protegerlos, sabiendo que están protegiendo a personas que en octubre de 1973 luego de haberse tomado por asalto el Estado y el Ejército de Chile, mutilaron horrorosamente con corvo y cuchillo a mi hermano y a doce personas más, en el mismo momento y en el mismo lugar, crimen genocida contra el cual no he dejado jamás de buscar el juicio y el castigo. Y no será este el momento, en circunstancias que lo hice en plena dictadura, siendo uno de los momentos memorables de dicha batalla legal el día que escuche a través del Programa “Aquí Chile” de Radio Moscú, lo notable que significaba el hecho que “por primera vez una causa se cerraba con un voto en contra de la amnistía”, ante la brillante defensa que mi abogado hizo por una amnistía mal aplicada e improcedente en una querella que presenté en ese tiempo y la que espero reabrir en el más breve plazo posible.

Llegar a un Bicentenario de la Nación sin el decreto Ley de Amnistía impuesto por la fuerza y el miedo, nos hará más dignos y menos sometidos por la impunidad y la decadencia moral, social y política que esta genera. Un Bicentenario sin impunidad nos dará una oportunidad histórica de no ser juzgados y condenados como sociedad, por las futuras generaciones. El Decreto Ley 2.191 de Amnistía, como herramienta de impunidad, no debe quedar al libre albedrío o interpretación de los jueces, porque no corresponde, porque es ilegal e improcedente.

Un Bicentenario sin Impunidad nos hará más libres, nos hará más grandes como Nación y será un verdadero reconocimiento a la Verdad, a la Justicia y a la Memoria de un pueblo que no quiere volver a vivir un episodio pavoroso de exterminio como el vivido, el que ya está escrito y no podemos borrar de nuestra historia. Y como usted lo señaló en su reciente mensaje de Año Nuevo - “Debemos seguir avanzando en resolver nuestras diferencias en un tono que permita el entendimiento, y que el Chile que se vio dividido en algún instante, sepa también reconocer sus espacios de reencuentro", lo que “Nos ayudará a hacer un mejor Chile, a construir un mejor país” – y la imparcialidad en los juicios de derechos humanos , sin esta herramienta de perdón obligatorio, es sin duda, un espacio de entendimiento donde todos los chilenos y todos los sectores políticos en el Parlamento, en justicia, tenemos que estar de acuerdo, para construir un mejor país.

Esperando su acogida a la presente y agradeciendo su atención.
Se despide cordialmente de usted.

Angélica Palleras Norambuena
Hermana de Adolfo Palleras N.
Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte en Copiapó
17 de octubre de 1973

Cc.
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle
- Jaime Naranjo
- Episcopado Nacional
- Corte Interamericana de DD.HH.
- Comisión Internacional de Juristas
- Antonio Leal
- Juan Pablo Letelier
- Raquel Mejìas
- Acción Mundial de Parlamentarios
- Mariano Ruiz-Esquide
- Guido Girardi
- Amnistía Chile
- Amnistía Internacional